miércoles, 27 de junio de 2012

El triunfo de la democracia

27 de junio de 2012
Culmina un proceso electoral de suma importancia para México. Concluye el periodo de campañas para candidatos a presidente de la República, diputados federales y senadores, así como para quienes en los estados de la República compiten por algún cargo electoral. En 15 entidades serán electos representantes populares; Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán renovarán a sus gobernadores, y el Distrito Federal al jefe de Gobierno, mientras en ocho más, el voto popular determinará la totalidad de sus nuevos legisladores locales y presidentes municipales.
Hoy, México es un país donde la alta competencia electoral se da en un clima de libertades y garantías democráticas, mismas que han sido construidas con la participación responsable y comprometida de todos los actores políticos de la nación y una ciudadanía cada vez más interesada en participar en los asuntos de orden público.
La fortaleza de nuestras instituciones electorales descansa en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los institutos electorales locales y en los tribunales especializados, ajenos a la intromisión de los tres niveles de Gobierno. La independencia de estas instituciones garantiza que el voto que emitamos el próximo 1 de julio se realice en un ambiente pleno de certezas.
El marco de esta competencia electoral institucionalizada y democrática que hoy disfrutamos, tiene tan sólo 15 años de vida, y su construcción ha sido una tarea compleja pero muy gratificante. También resulta justo reconocer que en los últimos cuarenta años, el perfeccionamiento de nuestra democracia ha vivido momentos brillantísimos como la reforma electoral de 1976; la creación del Código de Procedimientos Electorales de 1990 y la ciudadanización del Instituto Federal Electoral en 1997.
En esas victorias de la democracia, el PRI, mi partido, ha jugado un papel indiscutible para garantizar el voto libre y efectivo, la representación de todas las fuerzas políticas del país en el Congreso y el reconocimiento del triunfo en las urnas. Y es que en México, todos tenemos derecho a votar y ser votados, pero también la obligación de cumplir con los requisitos que establece le ley.
Cada seis años los mexicanos refrendamos ese compromiso con la patria y fincamos en una propuesta política la esperanza de un mejor porvenir. En esta ocasión, la importancia de nuestro voto determinará el rumbo que tomaremos en el siglo XXI.
Decidiremos si las cosas se mantienen igual o si cambian para mejorar; si se configura una visión de futuro o simplemente se atienden los asuntos coyunturales. El destino de los próximos seis años estará sustentado en un solo acto: el voto que ejerzamos el primero de julio.
Debemos ser vigilantes del proceso electoral, defender sus resultados y cuidar la normalidad democrática que tantos años ha costado construir. Normalidad que hoy está reforzada por mecanismos de conteo rápido, por encuestas de salida, por la acción vigilante de las redes sociales y los cientos de observadores electorales nacionales e internacionales que en conjunto garantizan la transparencia de nuestro proceso electoral.
En síntesis, todo está listo para celebrar la fiesta cívica de la participación política y el derecho al voto, mismo que debemos ejercer de modo informado y razonado.
Estoy seguro que la ciudadanía tomará la mejor decisión para México, y el 2 de julio celebraremos el triunfo de la democracia, y con ella, la victoria de quienes tienen el mejor proyecto de Nación para el país: Enrique Peña Nieto y los candidatos de la Alianza Compromiso por México PRI-PVEM.
herrerafidel@hotmail.com 
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G-20, agenda del futuro

21 de Junio de 2012

La cumbre llevada a cabo en días pasados en Los Cabos, Baja California Sur, reunió a mandatarios de los veinte países más desarrollados y emergentes del mundo. El G-20 tuvo como gran reto establecer una agenda de futuro, cuyas políticas públicas incidan en la disminución de la pobreza y la desigualdad en el mundo, que apuntalen el empleo en el corto plazo, y sobre todo que generen confianza para recuperar la estabilidad global.
El desafío está en conciliar una alternativa que permita aliviar la crisis de la zona euro, pues los enfoques para atenderla están divididos. Por un lado, la perspectiva alemana liderada por Angela Merkel, considera necesario diseñar un plan de choque al estilo ordotoxo, es decir, reducción total de déficits de gobierno, disminución de importaciones, control de salarios, y reducción de gastos superfluos, hecho que llevará a los países en crisis a aceptar una política económica con altos costos sociales, como los que ya se vivieron en América Latina durante los años ochenta del siglo pasado.
Por el otro lado está la postura de Francia, encabezada por François Hollande, quien sostiene que las economías del G-20 deben ser más solidarias con los países en problemas, a efecto de establecer un plan de rescate financiero que evite los altos costos sociales.
En el fondo, las dos posiciones contribuyen a la solución de la problemática de los países en crisis; no se puede pensar en una sin la otra, por lo cual el dilema se centra en los escenarios adversos que la situación actual de España y de Grecia pudieran generar en la economía global ante la perspectiva de no encontrar una solución a corto plazo.
Es claro que la vista está puesta sobre la única economía que hoy cuenta con la cantidad de recursos excedentes para lograr —vía el Fondo Monetario Internacional— el rescate financiero de los países europeos con problemas. Me refiero a China, país que bajo el liderazgo de Hu Jintao, ha logrado alcanzar una gran solidez económica.
Evitar la crisis de Grecia y de España, en ese orden, es fundamental para la recuperación económica mundial. Si bien la producción del mundo crecerá en los próximos años, el efecto dominó que generan los colapsos económicos podría ser de muy altos costos, sobre todo si los pasivos de la banca privada europea afectan las posibilidades de retomar el crecimiento económico y la generación de empleos. Este es el principal reto del G-20.

Elecciones en Estados Unidos, migración y política exterior de México

20 de Junio de 2012
El colaborador de la Sección Política del New York Times, Richard W. Stevenson, analizó en una reciente entrega las implicaciones que habrá de tener la decisión ejecutiva del presidente Barack Obama, en el sentido de permitir a cerca de 800 mil jóvenes estudiantes indocumentados permanecer en los Estados Unidos de América y continuar sus estudios en ese país, sin la angustia de ser deportados.
En la Unión Americana, afirma, anualmente egresan de las escuelas de educación media superior alrededor de 65 mil estudiantes con estatus migratorio irregular. El sólo hecho de no contar con la documentación oficial que acredite su ciudadanía, les cierra la oportunidad de continuar sus estudios universitarios.
Como ya lo ha señalado el secretario de Educación de los Estados Unidos, Arne Duncan, algunos estudiantes del llamado Dream Act son brillantes y forman parte del futuro acervo profesional estadounidense. Negarles la oportunidad de la educación universitaria, y peor aún, deportarlos del país que ven como propio, sería a todas luces una decisión equivocada.
De ese modo, la decisión adoptada por el presidente Obama, desactiva en parte un movimiento social encabezado por los llamados dreamers, comunidad que ha vivido en la actual administración un aumento considerable en la cifra de deportaciones, incluso superior a la registrada durante el mandato de George W. Bush.
Es por ello que a juicio de Stevenson, las implicaciones de la medida tomada por el Ejecutivo estadounidense van más allá de los beneficios que pudiera tener esta modificación en la política migratoria; representa, además, un cambio en la forma de hacer política de cara a la contienda electoral de noviembre próximo.
Esta decisión del presidente Obama reviste también un singular simbolismo en el marco del trigésimo aniversario del histórico fallo de la Suprema Corte que ratificó el derecho que tiene todo niño en territorio estadounidense de acceder a la educación pública hasta el bachillerato, independientemente de su estatus migratorio. Puede entonces considerarse como un paso importante en el objetivo de alcanzar un acuerdo migratorio justo de nuestro país con los Estados Unidos.
Tengamos presente que la comunidad latina en Estados Unidos es hoy la minoría más relevante de ese país, no sólo por su peso económico, sino por lo que representa en términos electorales y políticos para los partidos Demócrata y Republicano. Es, además, un semillero de estudiantes talentosos que representan una de las fortalezas del capital humano que robustece la posición del liderazgo mundial de ese país.
Para México, la medida migratoria es positiva, pues se enmarca en la defensa que su política exterior ha realizado históricamente a favor de los derechos de nuestros compatriotas en la Unión Americana. Recordemos que setenta por ciento de los beneficiados por el decreto presidencial son de origen mexicano. Qué bien que el gobierno mexicano le ha hecho llegar una felicitación al presidente Obama.
De esta forma, la agenda bilateral que se perfila entre ambos países tiene puntos de coincidencia: la defensa de los derechos humanos de los migrantes y el aprovechamiento de la mano de obra con alta calificación —contemplado en el marco del TLCAN— respecto a la movilidad de los talentos universitarios, que hasta ahora no ha tenido el impacto proyectado.
Son muchos los estudiantes mexicanos y de origen latino que estudian posgrados en Estados Unidos y sus altas credenciales académicas les permiten conformar un gran capital humano que cualquier país y sus empresas líderes están dispuestos a disputarse.
Muy probablemente esta decisión del presidente Obama fortalecerá el voto latino en la dirección del Partido Demócrata y contribuirá a su continuidad en el gobierno. Ello es conveniente para nuestro país pues mantendrá un interlocutor sensible a los temas migratorios, tema donde persisten pendientes que atender.
herrerafidel@hotmail.com 
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