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El “sueño americano” ya no se alcanza con sólo cruzar la línea fronteriza que limita nuestra frontera norte con la sur estadounidense, salir airoso de los peligros que implica escapar de “la Migra” y cruzar el río o el desierto en la búsqueda de un empleo que garantice mejores condiciones de vida. Para lograrlo, ahora también hay que luchar por el respeto a los derechos humanos.
En el vecino país, son los migrantes indocumentados quienes realizan el trabajo que ningún ciudadano estadounidense quiere hacer, pero además lo hacen bajo condiciones de discriminación, mal pagados, perseguidos, desiguales, en un país que sigue siendo la meca del progreso y el de las oportunidades laborales del mundo occidental.
Con frecuencia, ese sueño se convierte en pesadilla, especialmente cuando los hijos que migraron con sus padres de manera indocumentada no pueden salir de las sombras para desarrollarse en el país que, para muchos de ellos, es el único que conocen, donde se han enraizado y que conciben como una segunda patria.
En Estados Unidos cada año se gradúan 3 millones de jóvenes de nivel bachillerato, aunque lamentablemente, 65 mil de ellos no lo pueden hacer por su condición de migrantes indocumentados. Pero una luz nace al final del camino y la California Dream Act, o AB 131, fue aprobada en días pasados por la Asamblea local de California. Ahora, todo queda en manos del gobernador Jerry Brown, que de firmarla pasará a la historia como un hombre comprometido con el desarrollo de los pueblos latinos.
Esta legislación local es fundamental, ya que permitirá que estudiantes de padres indocumentados, puedan acceder a los sistemas de financiamiento y becas que otorga el Estado de California, apoyando así las posibilidades de convertirse en hombres y mujeres con mayor preparación para enfrentar el mercado laboral de aquel país.
Si bien se trata de un avance importante, no resuelve de fondo dos problemas: por un lado, la igualdad entre estudiantes residentes e indocumentados ya que los latinos migrantes no podrán tener acceso a las famosas becas Cal Grants sino hasta que se haya garantizado primero el apoyo financiero a los residentes californianos; y por otro, la ley se implementaría hasta 2013, lapso durante el cual gran parte de estos talentos latinos serán deportados y no podrán beneficiarse con la nueva legislación.
Este último punto revela uno de los grandes pendientes en la política migratoria estadounidense: modificar los criterios de deportación, pues en los últimos tres años han sido expulsados cerca de un millón de hispanos, lo cual representa para el presidente Barack Obama un enorme déficit con la primera minoría de los Estados Unidos.
Mientras, en la relación bilateral entre Estados Unidos y México, la obtención de un acuerdo migratorio justo, que dignifique el trabajo y la aportación que nuestros compatriotas realizan en ese país, continúa pendiente.
herrerafidel@hotmail.com
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Los retos que la sociedad le impone al gobierno son cada vez más complejos, y en el caso de la juventud el desafío es mayor. Este sector poblacional enfrenta hoy la tasa más alta de desempleo, migración y pobreza del país en las últimas décadas. Esos factores, en conjunto, explican la frustración que embarga a millones de jóvenes a los que el modelo económico imperante les ha negado oportunidades reales de crecimiento y desarrollo. El éxito de México lo debemos medir en función de la política dirigida a los jóvenes, y en este momento el país carece de ella.
En ese contexto encontramos fenómenos que ilustran con claridad la descomposición social que enfrentamos: dos millones 100 mil jóvenes que “ni estudian ni trabajan” y que han sido denominados “ninis” por presentar esta condición.
A ellos, hay que sumar una generación de nuevos profesionistas que emigran a otros países en búsqueda de mejores oportunidades y cuyo talento representa una pérdida enorme para la nación; y peor aún, sicarios menores de edad, cooptados por la delincuencia organizada. Y es que no hay duda, la pobreza y la marginación permiten a la delincuencia organizada mantenerse al acecho de nuestros adolescentes. Según un estudio reciente de Miguel Székely, ex subsecretario de Educación Media Superior, 34 por ciento de los delitos del fuero federal los cometen jóvenes de entre 15 y 18 años. Recientemente, hemos conocido que en el cobarde siniestro perpetrado en Monterrey, cuatro de los cinco delincuentes detenidos hasta ahora, son menores de 30 años.
Si bien ese acto de terror carece de cualquier tipo de justificación, también hay que reconocer que el bajo crecimiento económico recrea las condiciones para que miles de jóvenes sean tentados por la delincuencia para acceder a las oportunidades que el entorno social les ha negado. La violencia y el terror es un modus vivendi que no debemos ni podemos tolerar.
Contrarrestar esa realidad implica, necesariamente, revisar las acciones que atienden a este sector específico de la población. Se trata de promover su permanencia en el sistema escolarizado, de fortalecer programas deportivos y de expresión artística, junto a un contundente programa de becas para alejarlos de la delincuencia y las adicciones. Pero sobre todo, de darles oportunidades de empleo digno.
La crisis de los jóvenes es también la crisis del país. Por esta razón respaldo el mensaje del presidente Felipe Calderón Hinojosa en el sentido de encarar a la delincuencia organizada desde todos los ámbitos de la sociedad y las instituciones.
Es tiempo de unidad entre los mexicanos, sin importar condición social, ideológica, política, religiosas o de otra índole, la amenaza es común, la solución debe ser de todos.
Los retos que la sociedad le impone al gobierno son cada vez más complejos, y en el caso de la juventud el desafío es mayor. Este sector poblacional enfrenta hoy la tasa más alta de desempleo, migración y pobreza del país en las últimas décadas. Esos factores, en conjunto, explican la frustración que embarga a millones de jóvenes a los que el modelo económico imperante les ha negado oportunidades reales de crecimiento y desarrollo. El éxito de México lo debemos medir en función de la política dirigida a los jóvenes, y en este momento el país carece de ella.
En ese contexto encontramos fenómenos que ilustran con claridad la descomposición social que enfrentamos: dos millones 100 mil jóvenes que “ni estudian ni trabajan” y que han sido denominados “ninis” por presentar esta condición.
A ellos, hay que sumar una generación de nuevos profesionistas que emigran a otros países en búsqueda de mejores oportunidades y cuyo talento representa una pérdida enorme para la nación; y peor aún, sicarios menores de edad, cooptados por la delincuencia organizada.
Y es que no hay duda, la pobreza y la marginación permiten a la delincuencia organizada mantenerse al acecho de nuestros adolescentes. Según un estudio reciente de Miguel Székely, ex subsecretario de Educación Media Superior, 34 por ciento de los delitos del fuero federal los cometen jóvenes de entre 15 y 18 años. Recientemente, hemos conocido que en el cobarde siniestro perpetrado en Monterrey, cuatro de los cinco delincuentes detenidos hasta ahora, son menores de 30 años.
Si bien ese acto de terror carece de cualquier tipo de justificación, también hay que reconocer que el bajo crecimiento económico recrea las condiciones para que miles de jóvenes sean tentados por la delincuencia para acceder a las oportunidades que el entorno social les ha negado. La violencia y el terror es un modus vivendi que no debemos ni podemos tolerar.
Contrarrestar esa realidad implica, necesariamente, revisar las acciones que atienden a este sector específico de la población. Se trata de promover su permanencia en el sistema escolarizado, de fortalecer programas deportivos y de expresión artística, junto a un contundente programa de becas para alejarlos de la delincuencia y las adicciones. Pero sobre todo, de darles oportunidades de empleo digno.
La crisis de los jóvenes es también la crisis del país. Por esta razón respaldo el mensaje del presidente Felipe Calderón Hinojosa en el sentido de encarar a la delincuencia organizada desde todos los ámbitos de la sociedad y las instituciones. Es tiempo de unidad entre los mexicanos, sin importar condición social, ideológica, política, religiosas o de otra índole, la amenaza es común, la solución debe ser de todos.
Los jóvenes, junto con la niñez, representan el activo más valioso de México. Combatir a los criminales es prioritario para que no tengan acceso a ellos y los corrompan. Para lograrlo, es necesario convocar a la unidad de todas las fuerzas políticas y rescatar, con acciones concretas y sin dilación la paz, la solidaridad, el patriotismo y los valores que nos inspiran como mexicanos. Impedir que la juventud caiga en las garras del crimen, es recobrar el futuro de la nueva nación que aspiramos construir.
Los jóvenes, junto con la niñez, representan el activo más valioso de México. Combatir a los criminales es prioritario para que no tengan acceso a ellos y los corrompan. Para lograrlo, es necesario convocar a la unidad de todas las fuerzas políticas y rescatar, con acciones concretas y sin dilación la paz, la solidaridad, el patriotismo y los valores que nos inspiran como mexicanos. Impedir que la juventud caiga en las garras del crimen, es recobrar el futuro de la nueva nación que aspiramos construir.
Fidel Herrera Beltrán