miércoles, 27 de abril de 2011

La reforma política ¡Ya!

Patria Nueva
Fidel Herrera
27 de abril de 2011

1.- En una de mis entregas anteriores (23 de marzo de 2011) abordé la enorme convicción y empuje que mostró el grupo parlamentario del PRI en el Senado, para sacar adelante la reforma política en el actual periodo de sesiones. En el fondo, significa concretar los cambios que encausen a nuestro sistema de gobierno por el rumbo de la modernidad, el desarrollo democrático y la justicia social.

Y es que la reforma política llevaba mucho tiempo sin manifestar avances sustanciales: tanto en 2005, 2006 y 2007 se presentaron propuestas; en 2008 fueron dos; en 2009 tres, incluyendo la del 15 de diciembre del Ejecutivo federal; en 2010 el PRD-Convergencia-PT presentaron la suya, al igual que lo hizo el PRI el 28 de febrero por conducto del senador Manlio Fabio Beltrones Rivera; el Partido Verde hizo lo propio; en lo individual otros senadores presentaron cinco iniciativas más.

2.- Los temas abordados desde 2005 fueron varios e incluyen candidaturas independientes; segunda vuelta electoral en la elección presidencial; reelección de legisladores y ediles; facultades de veto presidencial; elevación del porcentaje electoral para registro de partidos; ratificación del gabinete; autonomía del Ministerio Público; fuero constitucional, y declaración de procedencia.

También encontramos temas tan relevantes como el juicio político; revocación del mandato; formato del informe presidencial; suplencia en ausencia total del Presidente; capacidad investigadora de la Suprema Corte, y fortalecimiento de la CNDH, entre otros.

3.- Las dimensiones de la lista anterior ilustran con enorme claridad lo complicado que fue definir una agenda de reforma integral. También indica las numerosas áreas de oportunidad presentes en nuestro sistema político que son susceptibles de ser mejoradas y, por tanto, atendidas.

4.- A pesar de estas complejidades, hubo avances en algunos terrenos. De hecho, ya se esperaba que el Senado de la República aprobara una reforma política antes del 30 de abril que incluyera candidaturas ciudadanas, reelección inmediata de legisladores, iniciativa preferente, ratificación de consejeros de los órganos reguladores, sustitución del Presidente de la República en caso de ausencia absoluta, incluso hasta una reconducción presupuestal, entre otros temas que se reservaron para su discusión en lo particular.

5.- Si bien todos los puntos que abordó el dictamen son importantes, existe uno que por su naturaleza puede evitar que el país vuelva a caer en la parálisis legislativa que, en materia de reforma política, hemos experimentado en los últimos años. Me refiero a los mecanismos de democracia semidirecta, como lo son la iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito y la consulta popular.

6.- De la aprobación de estos mecanismos, el Poder Legislativo estará en posición de convocar a una consulta popular cuando los legisladores la soliciten para conocer el sentir de la nación sobre un tema específico.

Si bien los mecanismos de la democracia semidirecta no deben ser utilizados de manera habitual en una democracia consolidada, resultan de suma utilidad para destrabar las negociaciones entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso o cuando la magnitud de los cambios propuestos requieran de la aprobación manifiesta y mayoritaria de los ciudadanos.

7.- Europa nos lleva mucha ventaja en ese aspecto. Han utilizado el referéndum de manera exitosa en la ratificación de los Tratados de Maastricht que dieron forma a la Unión Europea.

Incluso en la centenaria democracia del Reino Unido está a discusión la creación de un nuevo sistema electoral, cuya aprobación vía referéndum permitiría la designación de parlamentarios por el sistema de representación proporcional.

En Latinoamérica la figura del referéndum o plebiscito se ha utilizado en 40 ocasiones. Resalta el más reciente organizado en Bolivia, con el cual esa nación hermana refundó su Constitución en un proceso que resultó ampliamente legitimado por los ciudadanos.

8.- Para México los recursos de la democracia semidirecta pueden detonar el cambio que demanda el sistema político. Más allá de lo que representan otras modificaciones importantes, estos instrumentos tienen el potencial de orientar al país por la ruta de la innovación y la renovación institucional. Un camino que obligará a actores políticos y representantes populares a estar más atentos a los intereses ciudadanos y que el PRI está liderando en el Congreso con sus propuestas.

9.- El hecho de que el dictamen elaborado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y de Estudios Legislativos del Senado haya sido aprobado en lo general significa un logro mayúsculo para el país. Esperemos que las discusiones y diferencias que aún prevalecen en diversos temas relevantes puedan ser solventadas esta misma semana.

10.- Abordar el tren de la modernidad que otros países de América Latina ya tomaron, pasa necesariamente por la reforma política que discute el Senado y que cuenta con el consenso de las fracciones parlamentarias en él representadas.

Estoy convencido de que nuestros legisladores han antepuesto el interés nacional al de grupo o partido. Reconozco también en la reforma la virtud de una implementación gradual necesaria cuando se abordan modificaciones constitucionales importantes.

Esta reforma política restablece el equilibrio entre los poderes, propicia la profesionalización del poder Legislativo y la rendición de cuentas; además, cubre diversos vacíos y omisiones de procedimiento de nuestro texto constitucional. En suma, es una reforma que profundiza la democracia de los mexicanos.

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miércoles, 20 de abril de 2011

Extemporáneo e innecesario acuerdo comercial con Perú

Patria Nueva
Fidel Herrera Beltrán
20 de abril de 2011

1.- Como un despropósito describiría al Acuerdo de Libre Comercio entre México y Perú recientemente concretado por la Secretaría de Economía. Su ejecución no sólo lesionaría aún más al campo mexicano, sino que generaría impactos económicos adversos y situaciones sociales negativas, debido a que Perú es una economía muy parecida a la mexicana en su perfil agrícola y en la temporalidad de las cosechas.

El mensaje de expertos y productores es de cautela, de ser prudentes, pero el Gobierno federal apela a su deseo contumaz de impulsar políticas que antagonizan el interés nacional, a pesar de que ya tiene 19 acuerdos y tratados con más de 50 países. ¿Para qué uno más con un país que produce lo mismo que nosotros en materia agropecuaria?

2.- La inconveniencia de derrumbar las barreras al comercio, sin planeación ni programas de fomento a los sectores primarios y secundarios, presenta más perjuicios que beneficios, como lo confirma que el sector agropecuario cargue con 50 por ciento del déficit de la balanza comercial.

3.- Comencemos por un dato: de acuerdo con la CEPAL, la balanza comercial de los productos agropecuarios de México entre 2003 y 2009 fue deficitaria. Mientras tanto, Perú ha sabido apoyar a sus productores locales para detonar sus exportaciones, como lo muestra la balanza comercial desde 2004.

4.- En 2008 México exportó 291 mil 343 millones de dólares (mdd), a la vez que las importaciones de bienes representaban 308 mil 603 mdd. En cambio, Perú registró exportaciones por 31 mil 529 mdd e importaciones por 28 mil 439 mdd. Si bien el monto de exportaciones peruanas no representa un peligro general para nuestro país, si podría tener efectos devastadores en productores regionales, sobre todo en entidades del sureste mexicano en las que se produce chile, frijol, plátano, cebolla, aguacate, cítricos (naranja, limón y toronja), papa, mango, ajo, uva y productos del sector pesquero.

5.- Consideremos que las características del sector exportador agropecuario peruano y mexicano no son muy distintas, lo que indica que los productos donde México es potencia exportadora no son particularmente demandados por Perú. En la práctica, ello implica que el intercambio entre las dos naciones se centraría en productos industriales y que el sector agropecuario no tendría beneficios, sino más bien perjuicios, al haber nuevos oferentes de los mismos productos.

6.- Por otro lado, hay quien opina que México ha tenido mayor crecimiento en el mercado internacional sin necesidad de realizar estos acuerdos comerciales. Recordemos que entre 2000 y 2010 precisamente el intercambio comercial entre México y Perú creció a una tasa promedio anual de 13 por ciento, pasando de 414 a mil 456 millones de dólares en ese período.

7.- Sin embargo, y más allá de las cifras que deberían hacer reflexionar al Gobierno federal, resulta muy grave que el Consejo Nacional Agropecuario asegure que no fue consultado sobre este acuerdo de liberalización comercial y que la Secretaría de Economía haya ignorado al sector agropecuario nacional en las negociaciones. Al no tomarlos en cuenta, los programas y acciones del Gobierno carecen de valor público y padecen un déficit de legitimidad injustificable en un régimen democrático.

Con este referente, 150 diputados se pronunciaron contra el tratado que firmó el Gobierno federal con Perú a través de una carta abierta. Con ellos, y de la mano de los productores agropecuarios de México, me sumo al llamado que hicieron los diputados federales de la Confederación Nacional Campesina el 15 de abril a los Senadores de la República para que no ratifiquen el Tratado de Libre Comercio con Perú, por no haber cumplido con la consulta, el cabildeo necesario con el sector campesino del país, para analizar las implicaciones de este tratado, su impacto y duración.

8.- Una vez más sostengo que es la hora de respaldar a nuestros campesinos; tenemos la oportunidad de hacer crecer al México rural, apuntalando el mercado interno y fortaleciendo el apoyo estatal a la producción local de alimentos. No es el momento de impulsar acuerdos que debilitan al sector agropecuario. La ruta que debemos seguir es garantizar las capacidades de nuestros campesinos, volvernos competitivos en el mercado interno y recuperar la autosuficiencia en la producción de granos que un día tuvimos.

9.- En el mercado interno hay un inmenso campo de oportunidades. Podremos competir y sacar ventajas de los acuerdos comerciales cuando logremos modernizar los activos productivos de nuestro campo; cuando establezcamos un plan de organización para incrementar la productividad y, sobre todo, promovamos su industrialización, para transformar los productos en su lugar de origen y darles valor agregado.

10.- Debemos recobrar el sentido nacionalista de las políticas públicas. Queda mucho qué aprender de las economías del primer mundo que promueven el capitalismo como la mejor forma de desarrollo, pero al mismo tiempo protegen primero los intereses de sus productores y de su mercado interno, antes de aventurarse en tratados que los lesionen. Un nacionalismo moderno no implica ir en contra de las reformas estructurales ni la apertura comercial, simplemente significa hacer uso de las herramientas de la planeación. No pretendamos ser más competitivos abriendo las fronteras a las importaciones, porque la experiencia indica que por ese rumbo no quedará sector agropecuario qué presumir.

En economía todos saben que un mercado interno fuerte es garantía para salir a conquistar espacios de exportación para nuestros productos. En contraste, una economía débil provoca que los conquistados seamos nosotros.

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miércoles, 13 de abril de 2011

Hacia un nuevo pacto federal agropecuario

Patria Nueva
Fidel Herrera Beltrán
13 de abril de 2011

Respetuosamente a la vida y obra del gran

gobernador Agustín Acosta Lagunes, que

señalara que Veracruz es el granero de la nación.

1.- Son muchos los reclamos que ha recibido el Gobierno federal respecto a la necesidad de rescatar al campo mexicano. Desde Sinaloa hasta San Luis, de Campeche a Oaxaca, en el centro del país y en las penínsulas, los campesinos demandan un nuevo federalismo agropecuario. Una política de Estado que enfrente el rezago del sector primario de manera integral, con apoyos e incentivos a la producción de alimentos.

2.- Para tener una idea de la importancia del tema en la vida nacional, la superficie agrícola sembrada alcanza los 22 millones de hectáreas: la onceava parte del territorio mexicano.

De este total, el 77.6 por ciento es de temporal y 22.3 por ciento de riego. Pero sobre todo, estas hectáreas concentran a millones de campesinos que producen con muy baja eficiencia y rentabilidad, sin precios ni demanda con garantías, escaso acceso al crédito o apoyos para la dotación de semillas mejoradas y resistentes.

3.- La falta de una política integral de desarrollo rural, explica por qué la población campesina vive, en su inmensa mayoría, por debajo de la línea de la pobreza. Que tengamos jornaleros maltratados, errantes y que por su condición de vulnerabilidad económica resultan presa fácil de las redes de producción de estupefacientes ligadas al crimen organizado o que existan comunidades indígenas enteras condenadas a producir sólo algunos cultivos hace que estén sujetos a los vaivenes del mercado o las contingencias meteorológicas.

4.- Vale la pena recordar lo enunciado por el Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, durante la presentación del Programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (Masagro): "el campo mexicano debe garantizar una producción más justa, sustentable y respetuosa de su entorno, porque el gran desafío es producir más alimentos en condiciones que a menudo se presentan adversas".

Y es que debemos revertir el abandono que ha marcado el desarrollo agrícola en nuestro país en los últimos años. México necesita un campo productivo, que genere los alimentos que la población demanda.

Más aún, análisis realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), indican que los precios de los alimentos aumentarán considerablemente en los próximos años ante una mayor demanda global y menor disponibilidad. No hay duda, recuperar la soberanía alimentaría es un tema de seguridad nacional.

5.- Para lograrlo, es fundamental que la actividad agrícola se estructure como un paradigma de desarrollo, lo que implica superar el falso debate entre la agricultura familiar y la empresarial.

Por el contrario, la propuesta es llevar las técnicas, la tecnología y la inversión de la agricultura empresarial al ámbito de la pequeña propiedad rural. Para esto, tenemos que intensificar los programas de educación formal, para que la población que vive en los entornos rurales pueda asimilar mejor la capacitación y las innovaciones tecnológicas. Con ello, se estará agregando valor a la cadena productiva agropecuaria.

6.- Es igualmente necesario aprovechar nuestras ventajas competitivas, como resulta la extraordinaria disponibilidad de agua que tenemos en el sureste de México, para impulsar proyectos estratégicos que detonen el empleo, la productividad y rentabilidad en la producción de frutas y hortalizas.

En este ámbito, no podemos eludir la urgente mecanización del campo. Según datos del Banco Mundial, México tiene una de las relaciones más desiguales en el mundo en cuanto al número de tractores por cada mil productores rurales.

Es muy complicado producir, ya no digamos competir y eventualmente exportar, con semejantes desigualdades y con campesinos abandonados a su suerte.

7.- Nuestra Carta Magna, en su artículo 27, explica el rol del Estado para fomentar el desarrollo de la pequeña propiedad rural. Con esa base, resulta oportuno impulsar mecanismos innovadores de financiamiento a pequeños y medianos productores rurales, fomentar la agricultura por contrato, así como la construcción de bodegas y centros de distribución regionales que faciliten la comercialización de sus productos.

Esta visión también implica fortalecer la organización gremial, articular a los productores a través de redes consolidadas y con enorme capital moral, como es la Confederación Nacional Campesina (CNC) o el Consejo Nacional Agropecuario.

8.- En esa lógica, es primordial que el Estado establezca una política pública para rescatar la producción de fertilizantes, que actualmente tenemos que importar de latitudes tan lejanas como Ucrania o China.

Para alcanzar esa meta, es fundamental atender la grave disfunción que ha llevado al país a interrumpir la cadena industrial de producción urea-amoníaco, que resulta clave para la generación de este insumo insustituible en la reactivación del campo mexicano.

9.- Por otro lado, en la política exterior mexicana también tenemos un instrumento formidable para impulsar el agro nacional. En el marco de la Organización Mundial del Comercio, a través de la Ronda de Doha, México puede exigir a los países industrializados la eliminación de barreras al comercio agrícola y propiciar la apertura a nuevos destinos para los productos mexicanos.

10.- En resumen, no basta con hacer declaraciones triunfales sobre nuevos programas para el campo que poca relación guardan con las diversas necesidades y condiciones regionales del país.

Por ello, postulamos un federalismo agropecuario. Para que las políticas públicas se diseñen regionalmente; para rescatar los saberes de nuestros productores, y se brinde capacitación pertinente y de calidad.

Todo para conciliar tradición con modernidad, y hacer de la productividad el eje articulador de la actividad agrícola nacional.

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martes, 12 de abril de 2011

Don Agustín Acosta Lagunes deja un importante legado; fue un hombre de gran visión: Fidel Herrera Beltrán

· Manifestó su pesar el fallecimiento de quien fue gobernador del Estado de Veracruz en el periodo 1980-1986.
· Acosta Lagunes se distinguió por encabezar un gobierno republicano.
Visualizó obras de trascendencia que están en proceso.

Fidel Herrera Beltrán manifestó su profundo pesar por el fallecimiento de don Agustín Acosta Lagunes, de prolífica trayectoria en el servicio público y quien se desempeñó como Gobernador del estado de Veracruz en el periodo 1980-1986, que dejó un legado amplio, ya que formó una nueva generación de funcionarios y políticos; así como, marcó pauta para ejercer un gobierno republicano, sobrio y que visualizó a la entidad como pieza fundamental para el desarrollo de nuestro país.

Aseveró que en su amplia trayectoria en la administración gubernamental, ya que se desempeñó como subsecretario de Hacienda, entre otros cargos, don Agustín se distinguió siempre por su acendrado sentido del manejo claro, austero y transparente de los recursos públicos.

Acosta Lagunes formó parte de una generación de mexicanos que tuvo la visión de trascender su tiempo mediante el impulso de obras y acciones imperecederas, y fue un gran impulsor de las políticas agropecuarias en la entidad, destacó Herrera Beltrán.

Subrayó que el extinto funcionario visualizó obras de trascendencia para la entidad, mismas que están en proceso, pues fue él quien planteó la conveniencia del desarrollo futuro de Veracruz mediante la interconexión carretera de la entidad con los grandes polos de desarrollo del país, como es el libramiento de Veracruz y otros ejes carreteros en el norte y en el sur del estado.


Fidel Herrera Beltrán resaltó el trabajo responsable de Acosta Lagunes, quien puso las bases para mantener el crecimiento sostenido de la entidad.

Resaltó igualmente que don Agustín impulsó la construcción de uno de los museos que mayor presencia mundial ha logrado, por su desarrollo arquitectónico y contenido de piezas arqueológicas, como es el Museo de Antropología de Xalapa.

Acosta Lagunes dejó de existir la mañana de este martes a consecuencia de una enfermedad que padecía desde hacía tiempo.

miércoles, 6 de abril de 2011

Acuerdo Nacional contra la Pobreza

Patria Nueva
Fidel Herrera Beltrán
6 de abril de 2011

En los últimos años México se ha empobrecido. Estudios del Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indicaron el aumento de la pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades de los mexicanos. El panorama no es nada alentador.

Según Coneval y Cepal, pasamos de 42.6 a 47.4 por ciento de mexicanos con pobreza patrimonial; de 20.7 a 25.1 con pobreza de capacidades y de 13.8 a 18.2 por ciento de personas en pobreza alimentaria.

Esa es la razón por la que Humberto Moreira Valdés, presidente Nacional del PRI, ha señalado puntualmente que, en conjunto, poco más de 54 millones de mexicanos viven en pobreza, de los cuales 10.1 millones son "nuevos pobres" y 20 millones sobreviven con menos de mil pesos al mes (970 pesos en zonas urbanas y 690 pesos en regiones rurales).

De la misma forma, los estudios e informes indicaron que México sigue arrastrando el impacto de la crisis de 2008, ello por la falta de eficacia gubernamental, el aumento del precio de los alimentos, así como por una limitada creación de empleos y una economía que crece por debajo de sus posibilidades.

Por si fuera poco, la Cepal reveló que en los últimos años nuestro país se ha vuelto más desigual, esto es que la brecha entre ricos y pobres ha crecido. Los efectos de una desigualdad acentuada en cualquier sociedad deterioran la calidad de vida de la gente, aumentan la marginación y obstaculizan las acciones en salud y educación que emprende el estado. Lo anterior también puede traducirse en la incidencia delincuencial. Como lo señaló Amartya Sen: la desigualdad altera el orden social y pone en peligro los avances en el desarrollo.

Desigualdad y pobreza van ligadas: no podemos atacar a una sin olvidar a la otra, si queremos verdaderamente revertir estas cifras.

En ese contexto, la dirigencia nacional del PRI convocó hace unos días a todos los partidos políticos a establecer un Acuerdo Nacional contra la Pobreza. La relevancia de esta convocatoria es fundamental: representa una oportunidad para construir, mediante el consenso, las políticas públicas que consoliden un Estado eficaz y reviertan, en el menor tiempo posible, años de estancamiento y desacuerdos.

Por ello, celebro el exhorto y propuesta de alcanzar un Acuerdo Nacional contra la Pobreza. Su objetivo va más allá de aliviar la situación de los hogares que no logran reunir, en forma estable, los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. En el fondo, propone un enfoque multidimensional, que ataque todas las variantes del fenómeno y genere las condiciones para que los ciudadanos en situación de precariedad adquieran nuevas capacidades que les permita salir adelante por sí mismos. Con esa lógica, es otra vez el PRI que convoca a la nación para alcanzar un desarrollo democrático de oportunidades para todos y que recuperemos, en el menor tiempo posible, la soberanía alimentaria.

Debemos sumar valor a las cadenas de producción agrícola y ganadera, porque el campesino no puede solo y el Estado debe apoyarlo, generando así una cultura de sujetos de derecho y no de meros beneficiarios.

También, es fundamental que la actividad agrícola se estructure como un paradigma de desarrollo, lo que implica superar el falso debate entre la agricultura familiar y la empresarial. La propuesta es llevar las técnicas y la tecnología de la agricultura empresarial al ámbito de la pequeña propiedad rural. Con ello, se estará agregando valor a la cadena productiva de los productos agropecuarios.

Sólo así se pondrá fin a la tendencia equívoca de tener campos vacíos y ciudades llenas.

Con esas acciones, lograremos sacar adelante a casi la mitad de la población que vive en este país con menos de dos mil pesos al mes (mil 586 pesos en zonas urbanas y mil 60 pesos en zonas rurales). Además, se podrán ofrecer oportunidades de desarrollo para siete millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Contrarrestar el crecimiento de la pobreza requiere una economía próspera, en la que el avance esté acompañado de una mejor distribución del ingreso y el abatimiento de las brechas de desigualdad caracterizadas por el escaso acceso a la educación, la salud y la capacitación.

Tenemos que incorporar políticas públicas que brinden seguridad social y que éstas tengan una sinergia con el resto de los programas gubernamentales, como la infraestructura (transporte y comunicaciones) o para aumentar los recursos en educación (conocimiento y capacidades) para hacerla realmente de calidad. Y esto debe ser parte de los ejes fundamentales de la estrategia contra el empobrecimiento de México.

Estoy convencido que el desarrollo económico que impulsemos, debe tener por finalidad expandir las libertades de los individuos y las capacidades de las personas.

En suma, si bien queda mucho para llegar a ser una sociedad que garantice el desarrollo humano, la iniciativa priísta de hacer un frente común entre partidos, sociedad y Gobierno, para establecer una estrategia contra la pobreza, es un gran inicio.

Ahora el reto será dirimir los disensos bajo una premisa ineludible: necesitamos una patria justa para todos y un acuerdo en lo fundamental para disminuir la pobreza.

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