El debate sobre la reforma jurídica del Distrito Federal (DF) está en marcha. El presidente del PRI, César Camacho Quiroz, declaró que el partido está listo para “discutir a fondo una reforma de hondo calado para la capital del país”. El PRD presentó al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para la modernización del DF; y el PAN dio a conocer su propuesta.
Desde su fundación, en 1325, la gran Tenochtitlán ha sido el centro de los poderes nacionales. Durante el periodo de la Conquista fue la capital de la Nueva España y a partir de la Independencia nacional, desde la Constitución de 1824 hasta la de 1917, el Distrito Federal (DF) se definió jurídicamente como el centro de gravitación nacional.
Al paso de los años, el crecimiento de la capital mexicana la convirtió en una gran metrópoli con casi nueve millones de personas, y en el centro de la actividad económica del país, al producir en 2011 alrededor del 17% del PIB nacional.
Hay consenso respeto a que el DF no es autónomo, carece de una Constitución, sus delegaciones no son ayuntamientos y su Asamblea Legislativa no es Congreso. Esta realidad llevó a que políticos, politólogos y académicos prestaran atención a las diferencias existentes entre los derechos ciudadanos de quienes habitan en las entidades federativas y quienes viven en el DF, tema que analiza en su extraordinario libro la periodista Nidia Marín, titulado Un gigante bajo el candil. Estado 32 y Asamblea
En reconocimiento a esta situación, el Compromiso 91 del Pacto por México estableció impulsar la reforma política del DF.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, instaló en abril el Consejo Consultivo para la Reforma del DF, que preside el licenciado Porfirio Muñoz Ledo.
La Comisión Especial para la Reforma del DF de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, destaca que se requiere “definir una nueva naturaleza jurídica sui generis que otorgue al DF el estatus de sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, así como de entidad federativa”.
Este recuento pone de manifiesto el consenso que existe entre las fuerzas políticas nacionales sobre la necesidad de avanzar por el rumbo de la innovación gubernamental y de modernización de las instituciones públicas. Será en el Congreso de la Unión donde se analice la viabilidad de las propuestas y modificaciones que se requieren para hacer plenos los derechos de los mexicanos que viven en elDF.
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