20 de Junio de 2012
El colaborador de la Sección Política del New York Times, Richard W. Stevenson, analizó en una reciente entrega las implicaciones que habrá de tener la decisión ejecutiva del presidente Barack Obama, en el sentido de permitir a cerca de 800 mil jóvenes estudiantes indocumentados permanecer en los Estados Unidos de América y continuar sus estudios en ese país, sin la angustia de ser deportados.
En la Unión Americana, afirma, anualmente egresan de las escuelas de educación media superior alrededor de 65 mil estudiantes con estatus migratorio irregular. El sólo hecho de no contar con la documentación oficial que acredite su ciudadanía, les cierra la oportunidad de continuar sus estudios universitarios.
Como ya lo ha señalado el secretario de Educación de los Estados Unidos, Arne Duncan, algunos estudiantes del llamado Dream Act son brillantes y forman parte del futuro acervo profesional estadounidense. Negarles la oportunidad de la educación universitaria, y peor aún, deportarlos del país que ven como propio, sería a todas luces una decisión equivocada.
De ese modo, la decisión adoptada por el presidente Obama, desactiva en parte un movimiento social encabezado por los llamados dreamers, comunidad que ha vivido en la actual administración un aumento considerable en la cifra de deportaciones, incluso superior a la registrada durante el mandato de George W. Bush.
Es por ello que a juicio de Stevenson, las implicaciones de la medida tomada por el Ejecutivo estadounidense van más allá de los beneficios que pudiera tener esta modificación en la política migratoria; representa, además, un cambio en la forma de hacer política de cara a la contienda electoral de noviembre próximo.
Esta decisión del presidente Obama reviste también un singular simbolismo en el marco del trigésimo aniversario del histórico fallo de la Suprema Corte que ratificó el derecho que tiene todo niño en territorio estadounidense de acceder a la educación pública hasta el bachillerato, independientemente de su estatus migratorio. Puede entonces considerarse como un paso importante en el objetivo de alcanzar un acuerdo migratorio justo de nuestro país con los Estados Unidos.
Tengamos presente que la comunidad latina en Estados Unidos es hoy la minoría más relevante de ese país, no sólo por su peso económico, sino por lo que representa en términos electorales y políticos para los partidos Demócrata y Republicano. Es, además, un semillero de estudiantes talentosos que representan una de las fortalezas del capital humano que robustece la posición del liderazgo mundial de ese país.
Para México, la medida migratoria es positiva, pues se enmarca en la defensa que su política exterior ha realizado históricamente a favor de los derechos de nuestros compatriotas en la Unión Americana. Recordemos que setenta por ciento de los beneficiados por el decreto presidencial son de origen mexicano. Qué bien que el gobierno mexicano le ha hecho llegar una felicitación al presidente Obama.
De esta forma, la agenda bilateral que se perfila entre ambos países tiene puntos de coincidencia: la defensa de los derechos humanos de los migrantes y el aprovechamiento de la mano de obra con alta calificación —contemplado en el marco del TLCAN— respecto a la movilidad de los talentos universitarios, que hasta ahora no ha tenido el impacto proyectado.
Son muchos los estudiantes mexicanos y de origen latino que estudian posgrados en Estados Unidos y sus altas credenciales académicas les permiten conformar un gran capital humano que cualquier país y sus empresas líderes están dispuestos a disputarse.
Muy probablemente esta decisión del presidente Obama fortalecerá el voto latino en la dirección del Partido Demócrata y contribuirá a su continuidad en el gobierno. Ello es conveniente para nuestro país pues mantendrá un interlocutor sensible a los temas migratorios, tema donde persisten pendientes que atender.
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www.fidelherrera.blogspot.com
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