por Fidel Herrera Beltrán
El próximo jueves habrá de llevarse a cabo una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabezará el presidente Felipe Calderón Hinojosa, con la finalidad de firmar junto a los gobernadores de los estados, un pacto por la seguridad de la nación.
Este pacto fue propuesto por el gobernador de Veracruz hace algunos meses, y es estimulante que sea retomado a nivel federal.
La reunión resulta fundamental, toda vez que la sociedad nos demanda que todos los niveles de gobierno nos coordinemos en acciones concretas para poner un alto a quienes violan la ley.
Veracruz se suma a este llamado, y propone algunas acciones que pudieran coadyuvar a la lucha coordinada contra el crimen organizado.
Alguna de ellas sería la creación de una policía nacional, con un mando unificado, eficacia, inteligencia y aplicación de la ley, lo cual requiere una gran reforma al Poder Judicial para que todo el aparato de investigación, persecución y administración de la ley sea la característica de un México en el que todos queremos vivir.
Y es que la atención al problema de la seguridad demanda una acción coordinada. Bajo este esquema, se propone: la creación de un Sistema Nacional de Recursos Humanos en Seguridad Pública, integrado mediante una base de datos sistematizada y actualizada sobre recursos humanos empleados en las secretarías de Seguridad Pública de todos los estados.
De esta forma se generaría una base con información relevante sobre todos los elementos de seguridad pública del país, a la que todas las secretarías estatales y federal en esta materia tendrían acceso. Este sistema tendría la ventaja de generar información oportuna para evitar la contratación de elementos acusados de corrupción o bien elementos despedidos de otras corporaciones policíacas en entidades distintas a donde se realizó la acusación. Esta base debería incorporar al menos: datos generales, escolaridad, historial laboral y antecedentes penales.
En este mismo tenor, un Sistema de Información Penal que se actualice constantemente con la información sobre probables delincuentes que se buscan en cada uno de los estados, lo que permitiría una acción coordinada a nivel nacional en la búsqueda y detención de presuntos delincuentes, y atacaría el grave problema de la impunidad. Este sistema, que tendría que ser accesible a las secretarías de Seguridad Pública estatales y federal, podría incorporar información sobre: presuntos delincuentes, delincuentes sentenciados que se hayan dado a la fuga y registro de antecedentes penales.
El nivel de confianza de la población hacia los elementos de seguridad no corresponde a los de una sociedad democrática.
En Colombia se realizó un proyecto para disminuir esta desconfianza de la población en sus elementos policíacos a través de la creación de un esquema llamado policía comunitaria, que ha incrementado los niveles de confianza en la policía significativamente. En este caso, a través de la creación de planes integrales han buscado crear un concepto de seguridad que permita que los policías trabajen en conjunto con los vecinos, fomentando la creación de lazos de confianza y seguridad entre ambos.
Este esquema les ha rendido frutos tangibles: en 1983 el 73 por ciento de los bogotanos declaraban una imagen negativa de la policía; para el año 2002, bajo este esquema de policía comunitaria, el 85 por ciento de la población de Bogotá reportaba una percepción positiva de esta agrupación. Un esquema similar se puede proponer para México.
En el 2003, la Organización de Naciones Unidas realizó un Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México. Una de las áreas de recomendaciones se enfocó explícitamente a la atención a la seguridad pública.
Las recomendaciones de este documento eran: Mantener separadas las funciones de prevención e investigación dentro de la policía; excluir la procuración de justicia del Sistema Nacional de Seguridad Pública; que la Policía Federal Preventiva apoye la profesionalización de las policías locales, sin reemplazarlas; y promover la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública.
Estas recomendaciones, que no se han cumplido a cabalidad, debieran encabezar la lista de pendientes por atender en seguridad pública. Veracruz puede ser la plataforma para retomar estas recomendaciones e impulsar su cumplimiento, basándose en un estudio respaldado por Naciones Unidas, que no sólo busca incrementar la seguridad sino fortalecer el respeto por los derechos humanos en el combate contra la inseguridad.
La ausencia de coordinación entre los niveles de gobierno ha sido uno de los factores de crecimiento de las redes del crimen organizado. Este crecimiento se puede percibir en el creciente número de elementos de la policía federal en las calles. Resulta incongruente, sin embargo, que el incremento de fuerzas policíacas federales no vaya de la mano con una capacitación, entrenamiento y fortalecimiento de los elementos policíacos a nivel estatal y local. Es posible, por lo tanto, proponer la homologación de la capacitación que se imparte a todos los cuerpos policíacos en todos los niveles de gobierno.
Para controlar el creciente poder que tienen las organizaciones criminales, es indispensable endurecer la regulación sobre la posesión de armas, así como del tráfico de las mismas. Con esta finalidad, es necesario generar un mecanismo de coordinación y control de armas interestatal, que permita consolidar un sistema de vigilancia para disminuir el tráfico de armas dentro del país. El control de las armas que entran al país deberá quedar a cargo de la Federación.
Juntos sociedad y gobierno, vamos a regresarle la seguridad a las familias mexicanas.
El próximo jueves habrá de llevarse a cabo una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabezará el presidente Felipe Calderón Hinojosa, con la finalidad de firmar junto a los gobernadores de los estados, un pacto por la seguridad de la nación.
Este pacto fue propuesto por el gobernador de Veracruz hace algunos meses, y es estimulante que sea retomado a nivel federal.
La reunión resulta fundamental, toda vez que la sociedad nos demanda que todos los niveles de gobierno nos coordinemos en acciones concretas para poner un alto a quienes violan la ley.
Veracruz se suma a este llamado, y propone algunas acciones que pudieran coadyuvar a la lucha coordinada contra el crimen organizado.
Alguna de ellas sería la creación de una policía nacional, con un mando unificado, eficacia, inteligencia y aplicación de la ley, lo cual requiere una gran reforma al Poder Judicial para que todo el aparato de investigación, persecución y administración de la ley sea la característica de un México en el que todos queremos vivir.
Y es que la atención al problema de la seguridad demanda una acción coordinada. Bajo este esquema, se propone: la creación de un Sistema Nacional de Recursos Humanos en Seguridad Pública, integrado mediante una base de datos sistematizada y actualizada sobre recursos humanos empleados en las secretarías de Seguridad Pública de todos los estados.
De esta forma se generaría una base con información relevante sobre todos los elementos de seguridad pública del país, a la que todas las secretarías estatales y federal en esta materia tendrían acceso. Este sistema tendría la ventaja de generar información oportuna para evitar la contratación de elementos acusados de corrupción o bien elementos despedidos de otras corporaciones policíacas en entidades distintas a donde se realizó la acusación. Esta base debería incorporar al menos: datos generales, escolaridad, historial laboral y antecedentes penales.
En este mismo tenor, un Sistema de Información Penal que se actualice constantemente con la información sobre probables delincuentes que se buscan en cada uno de los estados, lo que permitiría una acción coordinada a nivel nacional en la búsqueda y detención de presuntos delincuentes, y atacaría el grave problema de la impunidad. Este sistema, que tendría que ser accesible a las secretarías de Seguridad Pública estatales y federal, podría incorporar información sobre: presuntos delincuentes, delincuentes sentenciados que se hayan dado a la fuga y registro de antecedentes penales.
El nivel de confianza de la población hacia los elementos de seguridad no corresponde a los de una sociedad democrática.
En Colombia se realizó un proyecto para disminuir esta desconfianza de la población en sus elementos policíacos a través de la creación de un esquema llamado policía comunitaria, que ha incrementado los niveles de confianza en la policía significativamente. En este caso, a través de la creación de planes integrales han buscado crear un concepto de seguridad que permita que los policías trabajen en conjunto con los vecinos, fomentando la creación de lazos de confianza y seguridad entre ambos.
Este esquema les ha rendido frutos tangibles: en 1983 el 73 por ciento de los bogotanos declaraban una imagen negativa de la policía; para el año 2002, bajo este esquema de policía comunitaria, el 85 por ciento de la población de Bogotá reportaba una percepción positiva de esta agrupación. Un esquema similar se puede proponer para México.
En el 2003, la Organización de Naciones Unidas realizó un Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México. Una de las áreas de recomendaciones se enfocó explícitamente a la atención a la seguridad pública.
Las recomendaciones de este documento eran: Mantener separadas las funciones de prevención e investigación dentro de la policía; excluir la procuración de justicia del Sistema Nacional de Seguridad Pública; que la Policía Federal Preventiva apoye la profesionalización de las policías locales, sin reemplazarlas; y promover la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública.
Estas recomendaciones, que no se han cumplido a cabalidad, debieran encabezar la lista de pendientes por atender en seguridad pública. Veracruz puede ser la plataforma para retomar estas recomendaciones e impulsar su cumplimiento, basándose en un estudio respaldado por Naciones Unidas, que no sólo busca incrementar la seguridad sino fortalecer el respeto por los derechos humanos en el combate contra la inseguridad.
La ausencia de coordinación entre los niveles de gobierno ha sido uno de los factores de crecimiento de las redes del crimen organizado. Este crecimiento se puede percibir en el creciente número de elementos de la policía federal en las calles. Resulta incongruente, sin embargo, que el incremento de fuerzas policíacas federales no vaya de la mano con una capacitación, entrenamiento y fortalecimiento de los elementos policíacos a nivel estatal y local. Es posible, por lo tanto, proponer la homologación de la capacitación que se imparte a todos los cuerpos policíacos en todos los niveles de gobierno.
Para controlar el creciente poder que tienen las organizaciones criminales, es indispensable endurecer la regulación sobre la posesión de armas, así como del tráfico de las mismas. Con esta finalidad, es necesario generar un mecanismo de coordinación y control de armas interestatal, que permita consolidar un sistema de vigilancia para disminuir el tráfico de armas dentro del país. El control de las armas que entran al país deberá quedar a cargo de la Federación.
Juntos sociedad y gobierno, vamos a regresarle la seguridad a las familias mexicanas.
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